Editorial EL UNIVERSAL
Cobrar más impuestos jamás será una medida que convenza a todos. El paquete económico propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto es un nuevo ejemplo de ello. El gobierno federal tendrá que argumentar lo mejor posible a la ciudadanía acerca de la necesidad de esos cobros. En tanto, toca a los inconformes con el cambio asumir que la aceptación de los gravámenes será algo ineludible independientemente del resultado de la negociación con el poder público.
Urgen cambios en la estructura hacendaria del país. Eso no significa, sin embargo, que esté de más tomarse tiempo para construir consensos en torno a propuestas indispensables. Aplazar la aprobación de cualquier reforma será pertinente siempre y cuando el análisis y el debate sean técnicos, amplios e incluyentes de todas las visiones.
La visceralidad y la obsecación ideológica, por el contrario, paralizarían cualquier intento de intercambio de ideas civilizado. Peor aún, si la oposición es producto del rechazo a perder intereses de grupo o facción.
El Presidente dijo ayer que grupos de interés en el país se oponen a las transformaciones estructurales, pues la inmovilidad les conviene. Está claro que en el caso específico de la propuesta fiscal del gobierno federal, uno de sectores que se siente afectado es el empresarial, cuyos ingresos se verían trastocados. Aumenta su descontento la decisión de no gravar alimentos y medicinas —bandera de izquierda—, pues la iniciativa privada dice que únicamente así el sector informal de la economía aportaría lo que le corresponde.
Ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, dio a conocer que se instalaron 15 mesas de negociación con el gobierno federal para “reorientar” la propuesta hacendaria. Bienvenido el diálogo.
El asunto se ha vuelto complejo. La aprobación del paquete económico podría verse contaminada por el encono y eso no conviene a nadie en la medida en que un contexto de pugna a ultranza ni la propuesta del gobierno federal ni la de cualquier otra fuerza política podría llegar a buen término.
Hay voluntad de diálogo por el lado del gobierno federal y de los inconformes con la iniciativa presentada ante el Congreso. Cabe esperar también disposición de ambos a conceder la razón a la contraparte. Finalmente, el cobro de impuestos es inevitable.