José Contreras
El PRI, según su dirigente nacional, César Camacho Quiroz, no hará una propuesta de reforma política.
En realidad sí hará varias propuestas, pero no en forma de una iniciativa, sino dentro de la zona de confort que le representa el Pacto por México.
Ese mecanismo político es el que le permitió al presidente Enrique Peña Nieto salir avante con la reforma educativa y con la reforma en materia de telecomunicaciones.
Para el presidente ha sido más sencillo negociar con los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, que con los representantes del Congreso.
Lo segundo implicaría tratar de convencer no solo a los coordinadores parlamentarios de las diferentes bancadas, sino, en el caso del PRD, a los líderes de las distintas corrientes políticas que confluyen en los grupos parlamentarios.
El gobierno federal y el PRI están obligados a sacar primero la reforma política si quieren el apoyo del PAN para la reforma energética.
Están dispuestos a hacerlo, pero aprovecharán la coyuntura para sacar la carta que tienen bajo la manga.
Trabajar la reforma política a través del Pacto por México le permitirá al PRI meter algunas de sus propuestas sin tener que pasar por el desgaste de presentar una iniciativa propia.
Habrá que poner mucha atención en las propuestas que el PRI intentará impulsar dentro de la reforma política a través del Pacto por México.
Al presidente Peña Nieto no le disgustaría que se restableciera en la legislación la cláusula de gobernabilidad, mediante la cual el partido que obtiene al menos el 35 por ciento de la votación tiene garantizada la mayoría simple en el Senado o en la Cámara de Diputados, según sea el caso.
Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto defendió esta figura en una colaboración especial para el diario El Universal, que fue publicada el 16 marzo de 2010.
Un año después Peña Nieto impulsó, mediante un grupo de diputados federales afines, una iniciativa de reforma política que incluía el restablecimiento de la cláusula de gobernabilidad.
El 3 de mayo del 2011, la propuesta fue defendida públicamente por el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien entonces era delegado del CEN del PRI en el Estado de México.
Fue defendida también por el actual secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien entonces era diputado federal del PRI.
Y el 21 de marzo de 2012, el actual dirigente nacional del PRI, César Camacho, adelantó que el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, buscaría “eliminar la cláusula de ingobernabilidad que impide formar mayorías estables”.
El condicionamiento del PAN para que se apruebe la reforma política a cambio del respaldo panista a la reforma energética representa la oportunidad del PRI para colocar en la agenda su propuesta de restaurar la cláusula de gobernabilidad.
El PRI no quiere saber nada de la segunda vuelta electoral, que defiende el PAN. Y al PAN no le simpatiza en lo más mínimo la posibilidad de que se reinstaure la cláusula de gobernabilidad.
Pero si ambos partidos negocian, podríamos tener en breve ambas figuras dentro de nuestro marco jurídico.
Los únicos beneficiarios de un acuerdo de esta naturaleza, si se diera, claro, serían los partidos políticos proponentes, pues ni la segunda vuelta ni la cláusula de gobernabilidad aportarían algo al desarrollo democrático.
Ambas figuras crearían mayorías artificiales, prefabricadas, y por lo tanto, carentes de legitimidad.
Restablecer la cláusula de gobernabilidad significaría una regresión, pues esta figura fue eliminada en 1996, durante el último gobierno del régimen priista autoritario, cuando se inició la transición a la democracia.
Habrá que poner mucha atención en las reuniones de los integrantes del Pacto por México, pues en dos semanas habrá definiciones.
OFF THE RECORD
**YUPPIES A LAS CALLES
Diputados del PAN llaman a marchar en contra de la reforma hacendaria.
¿Pues no que el PAN ya estaba harto de las marchas?
Será interesante ver cómo hacen sus marchas los panistas.
¿Buscarán el apoyo de la CNTE o del SME?
O harán marchas políticamente correctas.
Lo mejor es que se apuren antes de que se apruebe la regulación-prohibición que pide el mismo PAN.
Si Ripley pudiera, reviviría para registrar este capítulo de la novela Los yuppies también marchan.
**RECTIFICACIÓN
En la entrega de ayer dijimos que un grupo de senadores propuso una medida “fascista” para regular las marchas.
Es pertinente aclarar que hubo una imprecisión, pues la parte del segundo párrafo del artículo 9 de la Constitución, que habla de la disolución de las marchas y de las injurias a la autoridad, está vigente desde 1917.
Lo que proponen los senadores es una adición a ese párrafo, para que las manifestaciones públicas puedan ser objeto de “inquisición judicial o administrativa” cuando ataquen “a la moral” o “perturben el orden público”, en los términos del artículo 6.
Reiteramos que la propuesta es inquisitoria y violatoria de los derechos humanos.
**VANDALISMO
Las marchas no deben ser satanizadas, pues son un medio de protesta ciudadana legal y legítimo.
El vandalismo, como el que realizaron ayer por enésima vez grupos de anarquistas en el Distrito Federal, no tiene nada que ver con la protesta social.
El vandalismo y los daños a terceros están penados y deben ser sancionados con todo rigor.