Renovación del transporte público de La Paz quizá en cinco años

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque el ayuntamiento de La Paz señala que existen avances en el Plan Integral de Transporte, admite también que no se podrá renovar ni mejorar el parque vehicular en su totalidad durante esta administración, en parte, por la falta de respuesta de los concesionarios, pero también de las autoridades estatales, federales, incluso de los legisladores.
En entrevista, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Beltrán Rochín, informó que desde abril pasado circulan un total de 30 unidades remodeladas, 13 a través del financiamiento y 17 con recursos propios de los concesionarios.
Al principio, la meta del financiamiento, reconoció, eran cien unidades en una primera etapa; empero, esta se redujo a apenas 50, con fecha límite a diciembre. Esto se debe, explicó, a que no se consiguieron recursos para ampliar el fideicomiso –de 5 millones de pesos aportados por el municipio—ni con el gobierno estatal ni federal.
“No nos alcanza para más, el gobierno estatal que es el que lleva la potestad del transporte en el estado decidió no participar… no pudimos bajar recursos a través de algún programa federal porque no hay a fondo perdido”, reveló.
Gobierno del estado no participó
El funcionario señaló que pese a que a que la autoridad máxima en el tema de transporte es el gobierno del estado, la administración que encabeza Marcos Covarrubias no accedió a ser corresponsable con el ayuntamiento, argumentando falta de recursos.
“Nos fuimos solos en el barco”, expresó.
Con todo, indicó que de los 283 concesionarios, se han recibido un total de 23 expedientes, siete de ellos están en revisión.
Reconoció que ha sido complicada la respuesta de los concesionarios a este programa, pues entre varios factores, dijo, buena parte de ellos rentan las placas y los rentistas legalmente no pueden hacerle frente a este esquema de financiamiento.
Muchos concesionarios no se interesan
A ello se suma que muchos concesionarios no se interesan por modernizar y argumentan falta de recursos, situación que a su vez es generada por un mal manejo en buena medida, dijo,  por los choferes.
“No es una situación generalizada porque ahí están quienes sí se han acercado, tenemos 23 expedientes. Pero mucho depende del interés de cada concesionario en particular, cada portador de placas… quien renta la unidad no puede ser quien obtenga el crédito porque no es el dueño de la concesión… y para los concesionarios, económicamente es viable”, agregó.
Y es que ejemplificó que para pagar el crédito que se ofrece –sin intereses—al concesionario le implicaría desembolsar diariamente 150 pesos, es decir, unos  4mil 600 pesos mensuales.
“Son 70 mil usuarios diarios del transporte en La Paz, es perfectamente viable. Con 15 personas que hagan uso del servicio diariamente se reúne esa cantidad”, expresó.
Ampliarán esquema de participación
Beltrán Rochín enfatizó que con la finalidad de ampliar el número de unidades que entren al programa, la próxima semana se presentará un esquema donde el rentista pueda acceder al crédito y el concesionario sea el responsable solidario.
Indicó que se tiene un avance con los concesionarios con quienes se estableció el compromiso de entregar 35 créditos en un mes ya con este nuevo esquema. De este modo se completarían 50 unidades.
Empero, advirtió que si al finalizar el año, luego de una evaluación se concluye que no se aprovechó el financiamiento, el recurso se regresará al gasto público.
“Hay otras necesidades”, expresó.
Evaden Gobierno del estado y Congreso responsabilidad
El funcionario consideró que en el tema de transporte, “al ayuntamiento nos toca jugar el papel más complicado”.
Y es que, dijo, el municipio queda en medio, entre la ciudadanía y los transportistas, y sin mecanismos legales para administrar porque legalmente es el gobierno del estado quien entrega concesiones y administra.
Esta situación –afirmó—la conocen los legisladores locales que deberían procurar una reforma a la Ley de transporte para que sea una sola institución pública quien se haga cargo en su totalidad del transporte.
Según explicó, los diputados no han hecho las reformas necesarias, por ejemplo, para proteger a los estudiantes y definir su tarifa, si se les cobrará como estudiantes 24 horas o durante las horas de estudio, “y esto se presta a mucha interpretación y los choferes abusan y viene el golpeteo al ayuntamiento”.
A ello se suma que el Gobierno del estado no ha ejercido su competencia para la revocación de concesiones, como lo establece el artículo 40, fracción VIII de la Ley de transporte para el estado de Baja California Sur, que refiere como causa “el servicio notoriamente deficiente o que las unidades carezcan de los requisitos mínimos de seguridad, comodidad, higiene, o no esté en condiciones mecánicas adecuadas para la prestación del servicio”.
Frente a la falta de actuación, Beltrán Rochín indicó que a través del Plan Integral de Transporte, el municipio buscó a finales de 2012 una alternativa “pensando en beneficios no sólo para una parte”; empero, no le alcanzará para solucionar todo el problema; se requieren –dijo—al menos cinco años en total para conseguirlo.
“Si bien es cierto que no vamos a alcanzar modernizar todo el parque vehicular también es cierto que hay voluntad por parte del gobierno municipal. Y es voluntad de la alcaldesa que iniciemos con la modernización del transporte y esperamos que las siguientes administraciones tengan oportunidad de seguir con esta acción que permitirá que de tres a cinco años más estemos modernizando en su totalidad el transporte colectivo”, puntualizó