Se contemplan infracciones de 20 hasta 35 días de salario mínimo para quienes realicen el ascenso y descenso de pasajeros en lugares no autorizados.
Morelia, Michoacán.- Líderes transportistas opinan que el nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Morelia favorecerá los actos de corrupción por parte de los agentes de seguridad vial del municipio, además señalaron que ante esta nueva exigencia legal, el Ayuntamiento debe cumplir con establecer apropiadamente y mantener libres las paradas de transporte público.
Dentro del nuevo ordenamiento en materia vial para la capital michoacana se contemplan infracciones de 20 hasta 35 días de salario mínimo para quienes realicen el ascenso y descenso de pasajeros en lugares no autorizados para tal efecto, es decir, multas desde mil 275 hasta dos mil 231 pesos. En el caso de los vehículos particulares, la infracción de mayor cuantía es de 25 días de salario mínimo.
En entrevista para Cambio de Michoacán, el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua señaló que la inclusión de esta disposición puede ser un “cobro de factura” por la oposición del sector transportista a la instalación de parquímetros en el Centro Histórico de la ciudad.
“Sin lugar a dudas aumentarán los actos de corrupción para con los transportistas”, indicó Martínez Pasalagua, quien señaló que podría estar de acuerdo con la disposición, ya que mientras Manuel Nocetti ejerció como presidente interino de la ciudad, se trabajó en conjunto para el debido uso de las paradas de autobús; sin embargo, en este tema, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina no ha dado la atención debida.
Además de indicar que siempre y cuando las paradas estuvieran debidamente señaladas, delimitadas y libres de vehículos particulares, sería justa la disposición, pero tal hecho no es una realidad.
El líder transportista añadió que ante esta nueva exigencia legal del gobierno local, los integrantes del gremio exigirán entonces la mejora de algunas vialidades que, sin ser primarias, son de vital importancia para los transportistas pero que requieren del mantenimiento inmediato, dadas sus deplorables condiciones, como lo son la Avenida Bucareli o la calle Plan de Ayala.
Inclusive no descarta interponer recursos legales contra esta disposición que considera violatoria de garantías constitucionales de igualdad.
Por último, coincidió con Martínez Pasalagua en que las paradas que el reglamento exigirá usar tienen que estar debidamente establecidas para que la autoridad esté en posición de sancionar por el incumplimiento de esta disposición.
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