Empresarios vs. Ayuntamiento
- Concesiones a empresa española deja en evidencia a cabildo.
- 100 cámaras de vigilancia inservibles para Morelia
- Entregó la Comuna un ingreso de más de 15 mdp por 21 años
- Innecesarios los Parquímetros, con buena administración
- Pide regidor intervención de la ASM
Los acuerdos para obtener recursos y beneficios a favor de los habitantes cuentan con el respaldo social en cualquier país o comunidad en el mundo. Esa es la razón social a la que se debe un político, sin embargo, la realidad moreliana peca ya en el descaro institucional para establecer la forma de hacer negocios y concretar acuerdos con el mínimo o casi nula contribución hacia sus gobernados.
De acuerdo con empresarios, a quienes resguardaremos su identidad, el ayuntamiento de Morelia, que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, dista mucho de instituirse dentro de los parámetros de la ética, aunque sus acciones se ubiquen en la legalidad, no solo durante su periodo al frente de la comuna, sino desde sus distintas posiciones que le han permitido influenciar las acciones de gobierno municipal.
La inquietud se centra en el convenio que se estableció con una empresa española Eumex, la cual obtuvo desde el año 2001 la concesión por 15 años para usufructuar los derechos que ofrecen los espacios publicitarios en 800 caras de “parabuses”, mismos que en términos monetarios representarían un promedio de 2 mil 800 pesos por renta de 14 días en cada una.
El plan en sí fue bastante bueno, ya que la empresa se comprometió a comprar y donar 100 cámaras de vigilancia para la ciudad, sin embargo, las mismas estaban sobrevaluadas y no cubrían los requisitos del Fondo de subsidio de seguridad municipal, con el cual se establecería la unidad C-2 de vigilancia en la alcaldía.
- Inconformidad en el Cabildo
De acuerdo con el regidor de oposición Miguel Angel Villegas, el incumplimiento del acuerdo es suficiente para rescindir el mismo, no obstante, las autoridades por su parte también habían incumplido con el acuerdo de identificar las caras de parabuses que habría de usufructuar la empresa, acción que se logró hasta el año 2010 y por lo cual según una cláusula especial en la concesión el convenio daría inicio oficial hasta entonces. Lo anterior, aunado a la posición que tomaron las autoridades municipales en el Cabildo, con mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no sólo permitió que continuara el acuerdo, sino que se les ofreciera una extensión de tiempo por 6 años más a dicha empresa, ello a cambio de otras unidades de vigilancia, sin licitación y sólo con asignación directa por parte del Cabildo.
Tal situación provocó que el regidor emitiera varios documentos, entre los que destaca un punto de acuerdo que fue negado por la mayoría en Sesión de Cabildo. El funcionario pide y exige crear una comisión investigadora en el ayuntamiento; que las instancias que controlan recursos federales hagan lo propio, pues las cámaras donadas y la nueva asignación se combinarán con recursos del fondo federal antes mencionado; que la Auditoría Superior de Michoacán acepte efectuar una revisión financiera a los documentos oficiales, desde las licitaciones y la actual asignación directa, con lo cual también se espera que desenmarañen la relación cercana entre la empresa española y el actual alcalde Lázaro Medina.
Cabe mencionar que recientemente el munícipe realizó un evento con autoridades de la secretaría de economía estatal para recibir a empresarios españoles, quienes casualmente llegan efectuar “intercambio en tecnología” a favor de los michoacanos; ello, a tan sólo tres días de aprobada en sesión de cabildo la nueva asignación para la compañía Eumex. Luis Salgado es y será una de las piezas más importantes y responsables en devolverle a la ciudadanía confianza en las autoridades y evitar actos de arbitrariedad, que rayan dice el regidor, en lo obscuro.
Es tiempo, estimó, que las acciones disciplinarias contra la práctica de mala fe que realizan algunas autoridades empiecen a ejecutarse en Michoacán y sobre todo en la capital del estado, pues existen las figuras legales como el juicio político y la inhabilitación, para quienes realizan no legales.
Desde el congreso no hay color político Por su parte, el diputado local Marco Polo Aguirre del PRI reconoció que hay algunas “situaciones” relacionadas al convenio con los parabuses. Mencionó que conoce del convenio con la empresa y los parabuses
a cambio de unas cámaras de vigilancia, las cuales, reconoció, incumplen con los estándares reclamados por la federación para realizar acciones, operaciones y estrategias de vigilancia.
El legislador dijo desconocer la veracidad de algunas versiones e inquietudes del sector empresarial con respecto a que parte del problema con las cámaras deriva porque el equipo se entregó sin el software necesario para operar un sistema de
seguridad.
Dejó en claro que ya revisan el problema y que en caso de ser cierta la versión que exponen algunos empresarios harán lo competente, pues lo que se buscan son soluciones para poder al fin instalar el centro de control C-2 por parte del municipio, toda vez que las cámaras de vigilancia del gobierno del estado operan bien a través de su propio centro C-4.
En lo que concierne a su relación cercana con el alcalde Lázaro Medina, dijo que si bien la campaña que efectuaron juntos tiene su base en pedir la confianza ciudadana para que votara por cuatro y así crear el mejor equipo de respuesta a la población, la militancia política no es un factor que predomine o impida que se busquen soluciones y acciones conforme a lo que resulte de su compromiso en el congreso local.
Enfatizó que antes de emitir opiniones sobre la veracidad de las citadas versiones, las cuales a título personal dice que desconoce, verificará si efectivamente existen irregularidades que atender.
Un poco de matemáticas Para que los lectores tengan una idea general de cuál es el acuerdo que de fondo el ayuntamiento moreliano generó con la empresa Eumex lo desglosaremos de la siguiente forma:
La empresa tiene el derecho de usufructuará hasta el año 2031 cerca de mil caras o espacios públicos en las estructuras de los parabuses.
El presupuestos que ofrece la empresa a los ciudadanos por la publicidad es de dos mil 800 pesos por 14 días por cada una de las cara.
Eumex entregó una “inversión” de 3.5 millones de pesos, según el costo que ellos estimaron tenía el equipo entregado a la comuna y el cual no supera los 900 mil pesos reales, de acuerdo con la investigación que efectuó el regidor CCCCCCCCC.
De tal forma, que el Ayuntamiento entregó el control y usufructo de mínimo 800 caras de publicidad. Cada cara se puede rentar al menos 26 veces por año, suponiendo que sólo rentaran 7 veces en un año, ello significa 19 mil 600 pesos por cara, lo que da un total anual de 15 millones 680 mil pesos por año, que multiplicado por 21 la empresa ganaría 329 millones 280 mil pesos, por una inversión de sólo 3.5 millones de pesos (si tomamos el precio sobre inflado que ofreció la empresa) En pocas palabras, el Cabildo entregó a una empresa foránea los ingresos de una posible recaudación municipal que aliviaría gran parte del estrés financiero que padecen las instancias de gobierno local y con la cual se podrían realizar obras y acciones sociales, sin invertir gran capital o sin elevar los impuestos por al menos los 10 años próximos.
Desde otro punto de vista, el ayuntamiento entregó un ingreso promedio de 15 millones de pesos anuales a cambio de 166 mil 666 pesos. Ello si dividimos los famosos 3.5 millones de pesos por 21 años, pero en términos reales fueron 900 mil pesos, lo que da 42 mil 857 pesos al año.
Es más, el ayuntamiento recaudaría más que los “controversiales parquímetros” con sólo rentar la cuarta parte de las caras concesionadas (según el cálculo anterior). Esta es una de las razones por las cuales los empresarios consideran que los funcionarios municipales no son ingenuos y por ende se tiene el legítimo derecho de especular cuál es la raíz del convenio, así como los beneficios particulares que recibirán algunas figuras públicas, especialmente las que respaldan esta iniciativa que atenta contra la lógica en términos de administración pública.
Por: Silvia Eréndira Zamudio Zamítiz
Fuente: Rosalva Editorial Año 12 N° 137
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