El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que no estamos ente un nuevo michoacanazo, es decir, que esta acción del Estado mexicano no se va a desvanecer
La detención de Jesús Reyna, hasta hace algunos días secretario de Gobierno y ex gobernador interino, y la de José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de los transportistas y ex diputado local, por sus reuniones y posibles nexos con Los Caballeros Templarios, todavía no parece una acción típica de los últimos gobiernos federales guiados por la equivocación estruendosa y la omisión gigantesca en su “combate” al crimen organizado. Se dice que habrá más detenidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que no estamos ente un nuevo michoacanazo, es decir, que esta acción del Estado mexicano no se va a desvanecer.
Sin embargo, cabe preguntar: ¿estamos realmente ante un cambio de estrategia en la concepción que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre los modos de enfrentar al crimen organizado y a las causas estructurales que contribuyeron a su poder desmesurado? ¿Estamos ante un deslinde intra-partidista, ante la primera escaramuza no ficticia entre el viejo y el nuevo PRI? ¿Esta acción de la PGR fue resultado de una fuerte presión que tiene como origen el levantamiento de las autodefensas y un señalamiento con pruebas contundentes que obligaron al gobierno federal a emprender la captura de Reyna y de Martínez Pasalagua? ¿Estamos ante una acción de Estado que, paradójicamente, quiere tener impacto en las próximas elecciones en Michoacán de 2015 ante el desmoronamiento del PRI en la entidad?
Lo cierto es que esta acción del Estado se quiere presentar como la carta de legitimidad de un gobierno federal que ahora difunde mediáticamente su objetivo de “regresar” la paz a Michoacán “cueste lo que cueste y no importando lo que haya que hacer”, como lo afirmó Enrique Peña Nieto en su última gira por el estado. El mismo comisionado Alfredo Castillo advirtió ante la detención de Reyna: “la limpia tiene que ser total, ¡caiga quien caiga!”. Sin embargo, tal parece que con estas declaraciones el gobierno federal vuelve a caer en una visión reduccionista del problema de la violencia deshumanizada y la inseguridad en México. Con estas detenciones, todavía no es evidente que se haya dado el tránsito hacia una nueva fase en la manera de concebir y enfrentar la violencia en México. La “limpia total” a la que se refiere el comisionado Castillo todavía se inscribe en ese lenguaje represivo y deshumanizador heredado del gobierno de Calderón, que concibe la acción pública como similar al lenguaje del crimen organizado, como el de “limpiar la plaza”. El Estado no “limpia”: garantiza los derechos de la sociedad, ejerce la justicia, persigue delitos y enjuicia con pruebas a los acusados.
Edgardo Buscaglia ha mencionado que son tres, al menos, las dimensiones estructurales que dieron lugar a la formación del crimen organizado en nuestra época: la operativa armada, la financiera y la protección política. A partir del gobierno de Felipe Calderón, se impuso la concepción de que este “combate” al narcotráfico era una “guerra” y de que se focalizaría en acciones represivas que atacarían la dimensión operativa armada de los cárteles de la droga. Quedaron en el abismo, es decir, en la impunidad, las líneas maestras financieras del crimen organizado y la protección política que, en todos los niveles y de múltiples maneras, se les brindaba a las organizaciones delictivas. ¿La detención de Jesús Reyna y de Martínez Pasalagua significa que el gobierno federal ha entendido que es necesario desmontar el sistema de protección política del crimen organizado? ¿O representa que ha sido empujado, por una presión creciente en Michoacán, a combatir parcialmente, sin quererlo del todo, la estructura política de protección de Los Caballeros Templarios?
Si concediéramos que el gobierno de Enrique Peña Nieto, conscientemente, ha cambiado de estrategia contra el crimen organizado y ha empezado por aplicar en Michoacán otro criterio para desmantelar la red de protección política de Los Caballeros Templarios, también se podría preguntar: ¿cuenta el Estado mexicano con la estructura judicial y jurídica necesaria para llevar a cabo el desmantelamiento de esta protección política? ¿Se cuenta con jueces y ministros con la capacidad ética y administrativa para enjuiciar a políticos y autoridades en una cantidad considerable? ¿Están los partidos políticos dispuestos a establecer controles patrimoniales y jurídicos a sus figuras, militantes e integrantes, que garanticen que no están infiltrados por el crimen organizado?
Los alcances de la impunidad política en México son verdaderamente monstruosos. A la arquitectura de esta impunidad sólo se puede acceder a través de la intuición, el rumor, el chisme político y la ostentosa manera en que los poderosos se pasean por la alfombra roja de la omisión del Estado, o por algunas investigaciones periodísticas que estimulan la imaginación sobre lo que podría ser el poder político y su alianza con el poder del crimen organizado. Nunca la justicia institucional ha sido una herramienta para limitar esta fusión de poderes, mucho menos ha significado para la sociedad el acceso amplio e informado a los entretelones de las más profundas coaliciones criminales entre políticos y organizaciones delictivas. Todavía no sabemos si las detenciones de Jesús Reyna y de Martínez Pasalagua pertenecen a una nueva época en la concepción contemporánea del crimen organizado o si son dos nombres más en la lista de ese azar de sacrificios cíclicos del poder político, de los que cayeron en la desgracia individual ante la indetenible evidencia.
Gustavo Ogarrio
"Radio Transportando a Michoacán"
